jueves, 26 de febrero de 2015

1841 El sellado del archivo parroquial para la incautación de los bienes del clero secular

Los "conservadores" del pueblo debieron entender que al estar la elección del alcalde en el Gobernador Civil de Canarias o Jefe Político, en representación del “regente” liberal Espartero que asumía las facultades de la Reina durante su minoría de edad, les restaba muchas posibilidades y no dudaron como ya se ha dicho en darse un "margullo" bajo las turbias aguas de la política local, esperando que cuando salieran a respirar los tiempos les serían más favorables. De algún forma activaron en otros de alguna forma el interés por el control del ayuntamiento y la lucha por representar a los Cabezas de Familia que habían dejado de ser electores, resultando nombrado por el Gobernador para este año Francisco González Rodríguez, el agricultor acomodado del pago de Firgas ya residente en Arucas, quien accede a la alcaldía.

Aunque el desempeño del cargo sólo fue por este año, hemos de suponer que accedió a la información privilegiada de los bienes declarados por el Mayorazgo de Pedro Cerón. Como buen agricultor debieron llamar su atención y hacer cábalas para madurar la vuelta de su primogénito Bruno González Castellano como indiano acaudalado cuando se terminara el expediente de división que debería tramitarse, lo que podría llevar unos cuantos años. Ya había tenido una experiencia satisfactoria cuando el 5 de abril de 1823, en unión de su padre Jerónimo González del Río, había comprado la hacienda de la Costa de San Andrés, de 27 fanegadas, por 130.852 reales de vellón.

También en este año hay un acuerdo más en la Heredad convertida en el verdadero aparato de la política local y provincial, ahora regida por el nuevo alcalde. En enero adoptó el acuerdo de subvencionar con «2.000 reales de vellón, pagaderos de los fondos del Secuestro, encargando del pago al heredero D. Germán Mujica» al comisionado enviado por esta isla a las Cortes «para gestionar determinados asuntos, de interés para el país, uno de los cuales se relacionaba con la división en dos de la Provincia».

Al alcalde le corresponde la "papa caliente" de darse por enterado en la sesión del 1º de noviembre de la incautación de los bienes de la parroquia y la nueva Ley 2 de septiembre de 1841 que elaboró Pedro Surra Rull, extendía la Desamortización de Mendizábal de las propiedades  del clero regular (monjes y frailes dentro de órdenes religiosas que tienen reglas)  a las propiedades del clero secular (sacerdotes, curas y presbíteros en las parroquias y Cabildo Catedralicio), teniendo que sellar el archivo parroquial siguiendo órdenes del Jefe Político provincial. Fue la fórmula arbitrada por el Estado para conocer la realidad de los Libros de Capellanías y otros Bienes Vinculados al Clero Secular que permanecían ocultos al control público y a la tributación fiscal, el secreto mejor guardado por la iglesia. Paralelamente la supresión de los diezmos comportó que la Hacienda estatal se hiciera cargo del sostenimiento del clero, y a partir de ese momento el mayordomo de la Fábrica de la parroquia, el presbítero Pedro Regalado Hernández Armas,  para el sustento de la misma y sus curas comienza a cobrar 317 pesos, 6 reales de plata y quince cuartos, lo que va a descubrirnos un nuevo protagonista beligerante en la política local: el futuro párroco José Antonio Rivero Mireles.

Cuando el Estado se incautó formalmente de las aguas de san Juan «que también por entonces se llamaban “de Fábrica”, por estar sus productos afectos en parte a obras en el templo parroquial y casa-curato» la Heredad se veía en la necesidad de reconducir el acuerdo económico compensatorio equivalente a las "tres azadas de porción fija en las aguas" pedido por el obispo, ello en cuanto se rematara públicamente la titularidad de las 93 azadas y habría que ver como se solucionaba el tema, y por tanto «la Heredad tenía que vérselas para estos menesteres con el Estado y desaparecida, pues, la parte que el sentimiento (...) la Heredad tenía que prepararse para futuros acontecimiento» dado que se había esquivado la Ley de Desamortización. Para ello en enero adoptó el acuerdo de designar «una comisión formada por D. Antonio Sicilia y D. Benigno Mandillo para que sacasen de los archivos de la Audiencia noticias de datos y de autos referentes a dichas aguas (por lo visto los papeles en la Heredad... se los comían los ratones y cada vez había que ir a la Audiencia a buscarlos originales)».

Curiosamente los comisionados son dos cualificados representantes de la clase privilegiada y "aguatenientes", no pertenecientes a esta parroquia, que años después se opondrán a la construcción de la torre del reloj. El primero médico matriculado cuñado de Alfonso Gourié Álvarez-Conde, de donde cabe entender que el grupo de los herederos "no parroquianos" estaba expectante por conocer como resolvían anular la ayuda a la iglesia a la que se comprometieron con el obispo, pues ellos no estaban dispuestos a seguir costeándola en su cuota parte con los fondos del Secuestro; los negocios son una cosa y la religiosidad, cosa muy distinta que deben soportar los parroquianos que quieren mantener la paz eclesiástica en el pueblo.

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