Se inicia en este año
una recuperación económica y demográfica en la villa, favorecido por la
aprobación del concierto fiscal de la Azucarera de San Pedro con la Hacienda
Pública para el pago del impuesto transitorio y recargo municipal sobre el
azúcar. Su efecto para este año supondrá un incremento de la producción de
azúcar que se incrementará con respecto al anterior en 1.329 sacos de 100
kilos, y que proyectará sobre los cuatros años sucesivos un incremento mínimo
sostenido de 1.000 sacos por año.
Esta bonanza económica
vendrá favorecida por su doble efecto, sobre el sector primario del cultivo de
la caña y sobre el sector secundario de la producción de azúcar. Si conviene
dejar constancia desde este momento, desmontando la propaganda política de la
época, de que el logro del concierto por Fernando León y Castillo no lo era en
beneficio del común de la villa de Arucas, que si bien pudo apreciar en mano de
obra el impulso de las cosechas de la caña y de la producción azucarera, este
beneficio lo era exclusivamente y para el interés particular de la Azucarera de
San Pedro y de sus dueños.
Ello es así, pues lo aprobado
como luego se verá, era un concierto fiscal de un particular, la Azucarera de
San Pedro y la Hacienda Pública. No fue
la supresión del arancel para todas las azucareras de Arucas, que si llegaron a
obtener la aprobación de un concierto, que no nos consta, lo pudo ser mucho
tiempo después y siempre que se le concediera por extensión. Las producciones
de azúcar de la Azucarera de San Pedro en razón del convenio, se vieron
incrementadas por su exportación a la Península; el incremento de la producción
de las otras azucareras de Arucas lo fue por la exportación al mercado europeo,
y más concretamente al londinense, donde el libre-cambismo permitía su entrada
sin aranceles además de verse favorecidas por la desviación del azúcar
antillana hacia los Estados Unidos como ya se ha dicho.
Difícil es entender como
pequeños molineros azucareros que estaban presentes en la política local, se
prestaron a enaltecer la figura política de Fernando León y Castillo cuando la
medida fiscal no reportó nada a sus negocios. Probablemente se prestaron a
ello, encuadrados en el “partido leonino” para detentar la política local y
desde ella favorecer sus intereses empresariales ejerciendo desde el poder
actuaciones que limitaban el crecimiento de sus molineros competidores, como
sucedió con el molino de Bañaderos y con la Azucarera Nª Sra. del Rosario de
Cruz de Pineda.
Con una corporación
municipal bien cerrada y controlada, el alcalde Manuel del Toro Sánchez se
permitió rodearse de contribuyentes asociados que eran buenos amigos y con
pretensiones de llegar a acuerdos matrimoniales entre sus descendientes, cediendo
incluso el protagonismo en La Heredad y en el prestigio social.
Otros temidos políticos
locales, tenían puesta sus miras más allá del municipio y deambulaban buscando
cobijo en un espacio político donde destacar, como es el caso del abogado
aruquense Tomás García Guerra a quien
habían encargado trabajos profesionales en La Heredad. Su variable posición
política quedó de manifiesto cuando este año fue el abogado defensor del famoso
caso de Eduardo Rodríguez Lazo, alcalde de Granadilla, denunciado por el
gobernador civil, del quien se decía que había sido interpuesto por Fernando León y Castillo, por un delito
electoral según la prensa interesada:
«...el local designado para
la elección permanecía cerrado, ignorándose el motivo, ó mejor dicho sabiéndose
que el motivo era impedir á los electores que ejercitaran su derecho; después
de requerir á los presentes que manifestasen si había alguno con mejor derecho
para desempeñar el cargo á que lo compelían los electores en su indignación y
protestando cederle el puesto si después se presentaba, presidió la elección
con los interventores proclamados por la junta del censo...».
Esta actuación más que
profesional cuando ya estaba en el Partido
Patriótico, le granjeó prestigio profesional, muchas amistades en Tenerife
y muchas enemistades políticas en Gran Canaria, bastión del partido "leonino",
pero los políticos locales preferían practicar el "clientelismo", encargándole trabajos profesionales desde
la Heredad de Aguas.
El 26 de marzo, el Boletín Oficial de Canarias publicaba la gran
esperada resolución para Alfonso Gourié
Álvarez-Conde y su Fábrica Azucarera de San Pedro, que posiblemente le
había anticipado telegráficamente desde París el ilustre "conseguidor" y político Fernando León y Castillo.
La Real Orden aprobada por el Consejo de estado el 1 de febrero
sustanció que «En cumplimiento de la Real
Orden de 18 de Agosto último, ha examinado el Consejo el expediente instruido
con el fin de resolver la instancia en que D. Alfonso Gourié y Álvarez solicita
celebrar un concierto con la Hacienda para el pago del impuesto transitorio y
recargo municipal a que está sugeto el azúcar que elabora en la fábrica
denominada de "San Pedro" que el interesado posee en el
término de Arúcas en la provincia de Canarias.
(...) y cumpliendo las
reservas y precauciones propuestas en las bases del contrato que la Dirección
general de Impuestos tiene formuladas.- El Consejo, pues, opina: 1. Que V. E.
puede aprobar el concierto que solicita D. Alfonso Gourié y Alvarez, para el
pago del impuesto transitorio y recargo municipal a que está sugeto el azúcar
que elabore en la fábrica de su propiedad denominada "San Pedro" en
los términos y con las precauciones propuestas por la Dirección general de Impuestos.
2. Que el azúcar á que dicho concierto se refiere podrá importarse en la
Península e islas Baleares libre de los derechos de arancel siempre que se
acompañe certificación del Jefe de Hacienda de Canarias en que se acredite que
fue elaborado en la expresada fábrica, y que la cantidad remesada no exceda de
la fijada en el contrato según la cuenta que deben llevar aquellas oficinas. y
3. Que por las Direcciones generales de Impuestos y de Aduanas se den las instrucciones
necesarias para que el azúcar que D. Alfonso Gourié exporte para la Península
como comprendido en el concierto, sea de la realmente elaborada en dicha
fabrica. —Y el REY (q. D. g.) y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el
mismo se propone».
Se hacía necesario reproducir parcialmente la Orden que engarzaba con
la Ley de Puertos Francos de 1852, para comprender que venía a resolverse en
beneficio exclusivo del propietario de la Fábrica Azucarera de San Pedro, dado
que con la exención fiscal lograda por la fórmula del concierto obtendría
muchos más beneficios. Fue por tanto una intervención política del gran "conseguidor y mentor" de los "leoninos" por un interés
particular, pues si lo hubiera realizado por el interés general la norma
hubiera beneficiado a todos los elaboradores de azúcares de Arucas y de las
islas.
Por ello el "eterno"
agradecimiento y devoción de Alfonso
Gourié Álvarez-Conde y sus descendientes a Fernando León y Castillo, dado que permitiría competir con ventajas
económico-fiscales con los otros trapiches azucareros de Arucas y Canarias que
soportaron los aranceles de exportación de sus productos a la Península.
El pleno de 2 de septiembre aprobó el remate en pública subasta
para las obras de adoquinado de la plaza de San Sebastián al contratista Manuel
Aguiar Henriquez.
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| Rosario González y Ramón Madan (Fedac) |
El 7 octubre se casó Rosario
González Fernández del Campo, hija de Bruno
González Castellano, con Ramón Madan
y Uriondo Cambreleng, descendiente por línea materna de la Princesa Dácil,
hija de Bencomo Mencey del Taoro, nacido en Santa Cruz de Tenerife, que tras
ingresar en la milicia como cadete en 1870, ascendió a teniente por méritos en
la guerra carlista, en 1877 fue condecorado con la medalla de Alfonso XII por
su participación en Cuba, para después obtener la Cruz de S. Hermenegildo y la
placa de la misma orden, alcanzó el grado de comandante de infantería.
Además de administrar el gran patrimonio de tierras y aguas que
heredaba su cónyuge, Ramón Madan y
Uriondo Cambreleng protagonizará después la defensa de los intereses
familiares por la participación societaria en la Azucarera de San Pedro, con quien
años después será su administrador Francisco
Gourié Marrero.
Este cambio generacional comportará igualmente la lucha encubierta de
dos protagonistas que pretenden desplazarse recíprocamente, de destacar el uno
sobre el otro, de detentar para sí mismo el poder fáctico sobre la burguesía
local, y en la búsqueda permanente del protagonismo social. De todas estas
historias y conflictos entre ellos dos, siempre se trasmitió el mensaje interesado
por los políticos y no políticos locales, que el “bueno” era uno, y el “malo” el otro, quien todo lo hacía por interés
propio. Año a año lo iremos descubriendo.
No tardan los políticos locales en iniciar las loas a Fernando León y Castillo cuando en el
pleno del 28 de octubre, presidido por el alcalde accidental Antonio Guerra Rodríguez se acuerda «Elevar reverente exposición á S.M. la Reina
Regente, para que se digne otorgar el titulo de Conde de Las Palmas de Gran
Canaria al esclarecido hijo de esta isla Excmo. Sr. D. Fernando de León y
Castillo, como merced justificada por sus relevantes méritos y por los
eminentes servicios que ha prestado á la causa de la libertad y a las
instituciones de la patria». La obediencia debida a quien sugirió el
acuerdo Alfonso Gourié Álvarez-Conde.
En el mismo pleno se acuerdan de un pago y deciden «Proceder á la inmediata reparación de un trozo
de camino vecinal de la Costa del Bañadero donde llaman los Arenales, junto á
la ermita de dicho Barrio, para evitar los perjuicios e inconvenientes que
ocasiona en la actualidad». Habría que rememorar que estos arenales
llegaban hasta el pie del actual barrio de El Risco, por donde discurría el
camino que llevaba hasta El Trapiche atravesando las actuales Escaleritas.
Debieron darse cuenta que este último también estaba mal pues en el
pleno del 11 de noviembre se acuerda «Proceder
á la inmediata reparación del camino vecinal del Barrio del Trapiche, por el
punto denominado “Las cuatro esquinas”, en cuanto sea necesario para dejarlo en
buen estado de servicio».
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