1893 Un año inédito y de soledad

En diciembre de 1892 se destapa en el ayuntamiento de Madrid un caso de corrupción que afecta al alcalde conservador Alberto Bosch Fustequeras, muy vinculado al ministro de Ultramar Francisco Romero Robledo, provocando la crisis del gobierno conservador de Cánovas del Castillo tras la ruptura de este último con Francisco Silvela y de Le Vielleuze que manifestó en el Congreso que estaba cansado de «soportar al jefe». Siguiendo la estrategias manipuladoras de la época y aprovechando la ruptura del partido conservador, Sagasta logró que se aprobara la disolución de las Cortes para convocar elecciones en el mes de marzo, donde sus liberales consiguieron 281 diputados, frente a los 44 conservadores canovistas y 17 conservadores silvelistas, con un fuerte avance de los republicanos que obtuvieron 47 diputados (33 unionistas y 14 posibilistas), quedando los carlistas con 7 escaños. El avance de los republicanos fue contrarrestado por Sagasta al formar gobierno, incorporando a Emilio Castelar y sus republicanos posibilistas, renunciando este último a sus ideas republicanas.

El coste económico del conflicto bélico que se originó en el mes de octubre en Melilla por la construcción de un fuerte junto a una mezquita y cementerio musulmán, y el proyecto de reforma colonial para conceder mayor autonomía a Filipinas y Cuba, propuesto por el nuevo ministro de Ultramar Antonio Maura -y yerno del ministro de Hacienda Germán Magazo que intentaba el equilibrio presupuestario- al rechazado por las Cortes por considerarlo antipatriótico, haciéndose eco del ultranacionalismo español y de la Iglesia, obligaron a la dimisión de ambos y abriendo una crisis en el gobierno de Sagasta, que pudo recomponer aun sintiéndose estrechamente vigilado por el general Martínez Campos quien además amparaba a los militares que hostigaban a los periodistas que daban noticias de los abusos por la represión indiscriminada contra anarquistas en Barcelona, incluyendo como tales a catalanistas.

Dos años después, el error histórico del  ultranacionalismo y militarismo que rechazó la reforma colonial, terminó por desencadenar el inicio de la guerra en Cuba, escenario en el que Sagasta se enfrentó de nuevo al general Martínez Campos cuando este pretendió juzgar en tribunales militares a aquellos periodistas que escribieron de los abusos. Sin otra salida en sus convicciones liberales y frustrados sus proyectos políticos para el gobierno, Sagasta se vio obligado a dimitir, ocupando de nuevo la presidencia del gobierno el conservador Cánovas del Castillo. Los mayores espacios de los boletines oficiales que en los primeros años del gobierno de Sagasta fueron ocupados por los textos de las reformas fiscales de la contribución en la búsqueda del equilibrio presupuestario, dieron paso a las interminables relaciones de mozos que eran requeridos por el Ministerio de la Guerra para su participación en las guerras de Melilla y Cuba, que hicieron verdaderos estragos en la población juvenil de las islas, que no dudó en cambiar su lugar de residencia para eludir su movilización.

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En algunas ocasiones es difícil entender el distinto comportamiento de los individuos de una comunidad dentro de ella. Como individuo su personalidad se va asentando con el paso de los años, perfeccionando y mejorando sus atributos en su permanente progreso por alcanzar las metas vitales, sociales y económicas. Como miembro de una comunidad, es nuestro como representantes de un pueblo que indirectamente les ha elegido para regir el gobierno, no es entendible que después de un año de tanta exaltación del “patriotismo”, de tanta intensidad política, aunque lo fuera por intereses particulares, esos mismos individuos en el abatimiento, en la rutina, en la desgana.

Quizás en nuestra villa y más allá de ella, después de una año con tanta vitalidad, el que la tercera población de la isla en la práctica no deje ninguna noticia para su historia de los acontecimientos vividos, habría que buscarlo en la desconfianza nacida entre sus individuos, donde cada cual mira al otro para conocer de sus intenciones, por una quiebra de sus relaciones, quizás ello debido al auge de otras opciones políticas. Más aún cuando años después el ayuntamiento será expedientado por no rendir cuentas de este año o por no seguir puntualmente sus libros de actas. Es como si la quiebra de la confianza entre los “leoninos” hubiera contagiado hasta el Secretario de la corporación, y en algo tendría que ver la permanente interinidad en la alcaldía por la ausencia de su titular.

Cuando se inicia el año  en la corporación municipal presidida por el alcalde Domingo del Toro González, que no asiste a las sesiones plenarias y es sustituido por el teniente de alcalde  Manuel González Martín, está además integrada por los concejales Juan Batista Henríquez, Juan Blanco García, Vicente Domínguez Medina, Francisco Fernández González, Antonio González González, Juan de Dios Martín Jiménez, Lázaro Silverio Pérez Acosta, Guillermo Pérez León, Antonio Pedro Ponce Marrero, Pedro Quevedo Espino, Domingo Suárez Guerra Ricardo Suárez Guerra y Basilio Suárez Ojeda.

El censo de electores lo componen sesenta personas, cuyos nombres es bueno identificar para conocer los cambios que se están produciendo con distintas opciones políticas representadas en el ayuntamiento y que por su peso contributivo son: 

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Ramón Madan Uriondo, Domingo Guerra Marrero, Rafael Suárez González, Manuel Suárez Rosales, Pedro Marichal Alvarez, Manuel del Toro Sánchez, Francisco Ponce Martínez, Juan Andrés Suárez Guerra, Pedro Castellano Ponce, Domingo Marrero Guerra, Manuel Fernando Marrero Ponce, Francisco Marrero Guerra, Francisco Pérez Marrero, Manuel Rosales Marrero, Vicente Lorenzo Rodríguez, José Guerra Navarro, Rafael Ponce Armas, Pedro Sánchez Moreno, Manuel Cabrera Marrero, Francisco M. Rodríguez Rodríguez, Sebastián Hernández González, Antonio Guerra Rodríguez, José Guerra González, Rafael González González, Segundo Ponce Martínez, Salvador Hernández González, Francisco Hernández Armas, José Lorenzo Benítez, Cleto Granado Afonso, Juan Rafael González Rodríguez, José Medina Marrero, Juan Guerra Navarro, Benigno Rosales Hernández, Domingo Barbosa Pérez, Carlos Medina Batista, Juan Hernández Arencibia, Manuel Guerra Navarro, Antonio Quintana Medina, José Suárez Guerra, Bartolomé  Falcón Jiménez, Martin Afonso González, Joaquín Blanco Sapena, Eusebio Díaz Marrero, Isidro Pérez Hernández, Juan de la Cruz González Matos, Blas Marrero Pérez, José Ferrera González, Juan Rafael Rodríguez Rodríguez, José González Martín, Segundo Cabrera Henríquez, José Tomás Marrero Suárez, Manuel Marrero Rubio, Manuel Rodríguez Lorenzo, Antonio Vicente González Pérez, Juan Afonso Matos, Valentín Lorenzo Matos, Andrés Hernández Marrero, Francisco Marrero González y Demetrio Granado Marrero.

Algunos de ellos están en la Junta de Gobierno de la Heredad de Aguas presidida por Pedro Castellano Ponce, integrada además por Laureano Armas Ramos, Tomás García Guerra, Domingo Guerra Marrero, Norberto Henríquez Hernández, Rafael Henríquez Marrero, Francisco Hernández Armas, Ramón Madan Uriondo, Tomás Marrero Ponce, Francisco Ponce Martínez, Rafael Suárez González, Manuel Suárez Rosales y Manuel del Toro Sánchez.

Es muy difícil, en el tiempo presente, conocer cómo se alineaban estos individuos que ocupaban una posición de privilegio, dado que siempre primaba su interés particular, y la política de entonces estaba segmentada en tres opciones reconocibles: los “conservadores” o “patriotas”, los “liberales” o “leoninos” y los “progresistas”, unos “republicanos posibilistas” y otros “republicanos federales”.

El empuje de la conservadora “Asociación Patriótica”, cuyo líder local Francisco Blanco Falcón se había quedado fuera de la corporación del municipio por “mala fortuna” en el sorteo como ya se ha visto, está poniendo en peligro el predominio de los “leoninos” por sus propios errores, más aún cuando en abril los diputados y compromisarios grancanarios desplazados a la Diputación provincial para la elección de Senadores, son apedreados al considerarlos cómplices de las políticas fiscales contrarias al comercio.

Esta incomprendida postura independiente del grupo oriental representada por los “leoninos”, a los que consideran además aristocráticos, es aprovechada a su favor por los “patrióticos” que inician un acoso a los “leoninos” con acciones populistas y de cierta tendencia anti-aristocrática. Después de los empates en las elecciones municipales últimas, en la villa se percibe una situación donde todos desconfían de todos, los conservadores se confunden con los republicanos, y el ayuntamiento languidece en un año de puro trámite, con mucha desunión dentro del “leonismo”.

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Tras las elecciones a Cortes celebradas en marzo, con la victoria de los “liberales” de Sagasta que forma gobierno, Francisco Gourié Marrero decide arroparse de la gente influyente en la metrópolis para conseguir algunas ventajas para su azucarera.

Ello motivó jocosos comentarios periodísticos que enlazaban este viaje grancanario a Madrid con los tristes acontecimientos vividos en Tenerife, de los que dicen han sido exagerados deliberadamente.

«Coincidiendo con estas noticias, ha llegado á Madrid una comisión de distinguidas personas de Las Palmas de Gran Canaria, compuesta de los señores D. Tomás García Guerra, afamado é ilustradísimo letrado; D. Rafael Massieu, propietario y de la alta sociedad canaria, y los señores don Juan Rodríguez Quegles y D. Francisco Gourié, ricos capitalistas de dicha isla, que se halla, como se sabe, separada de la de Tenerife por un brazo de mar de unas 20 leguas; comisión que viene á informar al ministro de Hacienda de los procedimientos en extremo severos que está empleando la inspección técnica é investigadora de impuestos. 

De manera que sobre la provincia de Canarias, según gráfica expresión de los comisionados, han caído dos epidemias: la sospechosa que anuncia el gobernador, y la no menos mortífera que la investigación fiscal ha llevado á los habitantes de Las Palmas.

Ahora bien: alejada esta última ciudad de Santa Cruz de Tenerife por tan larga distancia; estando invadida la isla de Tenerife por una epidemia que causa muchas víctimas, parece antihumanitario exigir, como está exigiendo el delegado de Hacienda, que los vecinos de Gran Canaria vayan á Tenerife para que asistan á los juicios, con peligro de sus vidas, y de que luego no sean admitidos en los puertos de Gran Canaria, donde, gracias á la más absoluta incomunicación con Tenerife, se disfruta de perfecta salud.

Es, por lo tanto, indispensable, según piden los diputados de Gran Canaria y los distinguidos señores de la comisión, que el ministro de Hacienda disponga por orden telegráfica al delegado que la inspección técnica suspenda su investigación, y queden paralizados todos los expedientes, ya que por el triste estado sanitario de la isla de Tenerife, donde residen las primeras autoridades y organismos provinciales, es imposible que los contribuyentes de Gran Canaria vayan á la capital á defender sus intereses.

Al propio tiempo llamamos la atención del señor ministro de la Gobernación sobre el estado de miseria que se inicia en Santa Cruz, según telegrama del gobernador, para que del fondo de calamidades se concedan algunos recursos á la capital de aquella provincia de España, tanto más, cuanto que Santa Cruz es una población de muy escasos recursos, que casi no cuenta más que con los oficiales que le presta el ser capital de la provincia».