Las negociaciones que se
siguen en Madrid por los representantes políticos de las islas sobre la
consideración del azúcar canario como producto nacional, se siguen en la villa
de forma muy intensa, y particularmente el más interesado por su capacidad de
exportación era Francisco Gourié Marrero,
propietario de la Azucarera de San Pedro, dado que a partir del cambio de
gobierno aduanas fiscalizaba con mayor intensidad las exportaciones a península
de dicha Azucarera para acogerse al concierto fiscal suscrito, ante la sospecha
que se estaba introduciendo de contrabando azúcar antillana por no ir parejos
el volumen de las cosechas de caña con el volumen de azúcar elaborado.
En este tiempo
prácticamente habían dejado de producir Eloy
González (Los López), Carlos Medina
Batista (El Puente) y José Suárez
Rosales (El Trapiche). Mantenían su producción limitada además de la
nombrada Azucarera de San Pedro, Nuestra Señora del Rosario de los Hermanos Suárez Guerra (Cruz de Pineda),
Manuel Toro Sánchez (El Carril), Domingo Marrero Guerra (Costa del Bañadero)
y Norberto Henríquez Hernández (Barreto).
Era de notable
importancia para la Azucarera de San Pedro, con una capacidad instalada de 120
toneladas de caña/día, que pudo llegar a representar entre el 40 y el 50% de la
producción del Archipiélago, el resultado de las gestiones políticas.
Curiosamente tomaron la iniciativa los políticos tinerfeños, encuadrados entre
los "conservadores", cuyo
órgano de difusión el periódico La
Opinión (intitulado periódico
liberal-conservador), ejercía una fuerte campaña que era apoyada por el Diario de Tenerife, que debatía con el periódico El Liberal de Tenerife, que se hacía eco
de las disertaciones del diputado liberal
Domínguez Alfonso, muy en línea con las teorías de los leoninos grancanarios de defender a ultranza la total exención. La
línea seguida por los conservadores
tinerfeños, aunque pudiera ser coincidente con los intereses de los
representantes grancanarios, tenían sus dudas por las sospechas vertidas por la
aduana de que se estaba practicando el contrabando con azúcares extranjeros al
amparo de los conciertos para el azúcar canario.
La proximidad de estos conservadores tinerfeños y de sus
reuniones con líder nacional y presidente del gobierno Cánovas del Castillo,
dio como resultado una norma que garantizaba el proteccionismo enarbolado por el Ministerio de Hacienda, dado que
el azúcar no estaba contemplado en la Ley de Puertos Francos de 1852, y la
consideración del azúcar canario como producción nacional, extendiendo por
tanto el derecho a todas las azucareras de las islas, sin necesidad de precisar
de un concierto fiscal y siempre velando la aduana para que no concurriera
contrabando que se penalizaba con un gravamen. Se diseñaba una norma que,
respetando el interés fiscal del Estado, recogiera el derecho a la libre
introducción del azúcar canario y el establecimiento de medidas protectoras
frente a las importaciones de terceros países y de las provincias o posesiones
españolas de ultramar, que pagarían aranceles e impuestos transitorios y
locales.
El protagonismo perdido
por Fernando León y Castillo a nivel
del Estado con su traslado a la embajada en París, tenía que ser rescatado con
habilidad, y cuando tuvo conocimiento de los primeros acuerdos con el
Ministerio de Hacienda sobre el azúcar, no lo dudó y envió a la isla el
siguiente telegrama: «Se ha triunfado.
Acordado con Presidente Consejo Ministro de Hacienda resolución favorable
cuestión azucarera. Reina firmará mañana. Dedico mil enhorabuenas. Fernando».
Recibida la noticia por Francisco Gourié Marrero, la trasladó a
los leoninos del ayuntamiento de
Arucas, y en la sesión del 28 de febrero, bajo la presidencia del alcalde
accidental Manuel González Martín, se
adoptan una batería de acuerdos:
«Consignar en acta la suma complacencia y ardiente entusiasmo
con que el Ayuntamiento se ha enterado de la favorable resolución del Gobierno
de S. M. en el vitalísimo asunto de la franquicia de los azúcares del país á su
entrada en la Península, merced a la valiosa mediación del Excmo. Sr. D.
Fernando de León y Castillo que se consagró sin tregua ni descanso á defender
tan caros intereses, librando crudísima batalla y obteniendo el más completo
triunfo de todos los que de algún modo atacaban la agricultura y la industria
de Gran Canaria».
«Aprobar con satisfacción los telegramas de gratitud dirigidos
por la Alcaldía al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros y á los Diputados por
esta Isla Excmo. Sr. D. Fernando de León
y Castillo y Sr. D. Francisco Fernández de Henestrosa».
«Celebrar con festejos públicos tan fausto acontecimiento,
en méritos del inmenso beneficio que de una manera especial ha recibido esta
Villa, donde ha tomado grandes proporciones y se ha desarrollado en mayor
escala el cultivo de la caña de azúcar».
«Sustituir el nombre de la calle de la Escuela y el de la
plaza de San Sebastián, por el de León y Castillo; á cuyo efecto deberán colocarse
en ellas las oportunas lapidas de mármol con notas ó inscripciones que perpetúen
el motivo á que obedece este justo tributo de respeto y admiración al egregio
hijo y bien hechor de Gran-Canaria, que siempre y en todas ocasiones ha sabido
protejer y amparar los intereses dé la misma, salvándola de inminente ruina en que las actuales
circunstancias y defendiendo con alteza de miras y hasta con heroísmo uno de
sus principales veneros de riqueza».
«Dar á la calle del Reloj el nombre de Gourié como recuerdo
vivo y elocuente de gratitud hacia el benemérito patricio Sr. D. Alfonzo Gourié
y Álvarez, que no solo dono en vida a esta Villa el agua del abasto público que
nace en la Fuente del Hierro, si que también implantó aquí la industria
azucarera á beneficio de todos y á riesgo de quebrantar sus propios intereses;
debiendo colocarse así mismo, en el punto más visible de dicha calle, la
correspondiente lápida de mármol con dedicatoria que conmemore la causa o
fundamento de tan justificado acuerdo».
«Organizar una manifestación pública presidida por el
Ayuntamiento, en honor del Excmo. Señor D. Fernando de León y Castillo, que
tendrá por principal objeto inaugurar este glorioso nombre en la calle y plaza
qué en lo sucesivo han de llevarlo; verificándose en tan solemne acto la
colocación de las lápidas de que se ha hecho mérito».
«Librar de la partida de imprevistos del presupuesto
vigente los gastos que ocurran con motivo de la fiesta de referencia».
Los políticos locales actuaron
con mucha prontitud, tanto que la Real Orden fue emitida el 15 de mayo, tres
meses después. Días después del acuerdo municipal, el 2 de marzo, se dio a
conocer por el periódico La Opinión
de los conservadores, quienes habían
sido los protagonistas del éxito de la norma, cuyo texto no era el defendido
por el diputado Fernando León y Castillo,
protagonistas que se alejaron de todo personalismo cuando comunicaron por
telegrama el cierre de la negociación: «Resuelto
azúcares conforme proposición nuestra con arreglo ley 70. Confirmada Real orden
del 86. Belmonte, Rancés,
Domínguez Alfonso.».
La versión conservadora trasmitida por su órgano de
difusión fue la siguiente:
«El suplemento al número 1.127 de El Liberal, nos entera
del extraordinario regocijo con que se ha recibido en Las Palmas el telegrama
en que el Sr. León y Castillo da cuenta á sus representados de la resolución favorable
que ha tenido la cuestión azucarera. Parece que la vaguedad del telegrama ha
sido parte á que los elementos que habían hecho cuestión local y hasta
política un asunto puramente económico, creyeran que el triunfo era obtenido
por los que á trueque de que el azúcar de estas islas fuese admitido libremente
en la Península, no titubeaban en causar mortal herida á nuestro sistema de franquicias,
contribuyendo á derogar virtualmente la beneficiosa ley de 1870 y abriendo una
brecha por donde pudieran pasar con facilidad suma las múltiples trabas de esa
legislación aduanera española que sabemos por dolorosa experiencia que en toda
ocasión propicia quieren aplicar á esta provincia los funcionarios del ramo.
No; el triunfo ha sido general y no es debido, como dice El
Liberal, ó la autoridad y prestigios más ó menos del Sr. León y Castillo; sino
al común esfuerzo de todos los representantes en Cortes de este Archipiélago y
en particular y sobre todo á los Sres. Belmonte, Rancés y Domínguez Alfonso. Y
decimos que en particular y sobre todo se debe el triunfo alcanzado á los
representantes de Tenerife, porque estos señores con el fin de salvar nuestras
franquicias y de no perjudicar á los fabricantes de azúcar y cosecheros de
caña, plantearon la cuestión desde un principio bajo el verdadero punto de
vista legal y patriótico, el sostenimiento del statu quo ó sea de la ley de
1870 y de la R. O. de 1886.
Sabido es que el Sr. León y Castillo desesperando alcanzar
este desiderátum aconsejó se redactaran exposiciones al Gobierno de S. M.
pidiendo el gravamen de los azúcares extranjeros á cambio de que continuara la
libre admisión de los insulares en la Península; sabido es también que
rechazada esa solución por los representantes tinerfeños hizo proponer como
transacción que se solicitara que el gravamen á los azúcares extranjeros se
redujese al impuesto transitorio y en ese sentido se pidieron exposiciones de
algunos Ayuntamientos de esta isla donde jamás podrá cultivarse la caña y
rechazado esto, como todo cuanto pudiera afectar a la integridad de nuestro
sistema de franquicias, el Sr. León por su lado y los representantes tinerfeños
por el suyo continuaron trabajando por la realización de sus respectivas
aspiraciones.
Ha prevalecido por consiguiente la proposición de nuestros
representantes. Loor pues á los que han sabido sostener sin vacilaciones la
salvadora bandera de las franquicias, sin perjudicar por eso los particulares
intereses de los agricultores de caña y fabricantes de azúcar. A su constancia
se debe principalmente el triunfo alcanzado en la cuestión azucarera; si
hubiesen desfallecido como otros, si se hubiesen allanado á transijir, por
desesperar de salir victoriosos en tan ardua empresa, tendríamos á estas horas
en vigor la proposición del Sr. León y Castillo; los azúcares extranjeros
gravados en mayor ó menor escala y virtualmente derogada la ley de nuestras
franquicias á la que debió la provincia su salvación en 1852 y á la que debemos
el progreso que hemos alcanzado.
Entusiásmense pues El Liberal y los suyos, lancen millares
de voladores y aclamen al Sr. León al compás de las músicas cuanto les alcance el
resuello; pero no pretendan adjudicarle toda la gloria de un triunfo debido más
que á otra cosa al celo y constancia de los representantes tinerfeños en
sostener la salvadora proposición que ha prevalecido; á cada cual lo que le
pertenece, suum cuique».
Aquí en la villa, se
siguió con el festejo, con las lápidas de mármol, con los dudosos merecimientos
de nuevos nombres de calles y plaza, y sobre todo se sacó en procesión-manifestación
multitudinaria el óleo de Fernando León y
Castillo, donde uno de sus portadores era Francisco Gourié Marrero, a quien acompañaban los políticos locales
adscritos a los leoninos, que no
respetaron por no conocer del latín el "suum
cuique = a cada uno lo suyo". Tenían que haberle preguntado al
párroco. La historia siempre puede
tener distinta tonalidad, dependiendo del color de la tinta con la que se
escriba.
Con relación a la calle
Reloj, renominada calle Gourié por el acuerdo plenario antes mencionado, desde
la intersección de la nominada calle León y Castillo por el mismo acuerdo plenario,
hasta su intersección con la actual calle Párroco Cárdenes, manteniendo a partir de aquí la nominación
antigua de calle Reloj, sí sorprende que se eligiera para tal reconocimiento
la calle del Reloj, cuando había otras calles innominadas en el entorno de la
Plaza del Mercado.
Puede entenderse que
hubo una voluntad manifiesta en la concreta elección de esa calle del Reloj,
conocida popularmente por rememorar la construcción de la torre sur e instalación
del reloj por la Heredad de Aguas que empezó a funcionar el 2 de junio
de 1850, con el propósito de establecer un reloj patrón para medir la hora de
las azadas de aguas de reparto, acuerdo que fue recurrido por los “aguatenientes”
al ser contrario a sus intereses, entre los que se contaba a Benigno Mandillo y
Virginia Gourié de Mandillo, cuñado y hermana de Alfonso Gourié Álvarez-Conde,
de donde se infiere también su oposición. Fue un gesto de ofensa al pueblo que
nunca debíó haberse consentido, y le faltó tacto a los políticos de 1892, y a
los siguientes que han caído en el mismo error por desconocimiento de la
historia dado que la calle tuvo sucesivas renominaciones rescatando su nombre cuando
alguno se percataba de la evidencia histórica. Hasta tal extremo pudieron
llegar las órdenes del hijo "cunero" del homenajeado Francisco Gourié Marrero a los políticos locales.
En este año las
toneladas de azúcar exportadas desde Gran Canaria a la península fueron 573’11,
el 20’92% de la producción total, frente a las 207’07 del año anterior que
representaron el 10’50% de la producción. Y al año siguiente volvieron a
aumentar cuando alcanzaron las 595’83 toneladas. La producción de la Azucarera
de San Pedro en este año fue de 10.958 sacos de 100 Kg., distribuidos en 7.544
de azúcar blanco, 2.213 de 2ª, 806 de 3ª y 395 de 4ª, que suponen aproximadamente
un 39% de incremento sobre el año anterior que produjo 7.889 sacos.
Tomás García Guerra, ya un notable abogado criminalista, es elegido Decano del Colegio de
Abogados, pero en política, su variable posición cuando preside el Partido Sincrético, escindido del Partido Conservador, después de haber
deambulado por la Asociación Patriótica donde se integraron los leoninos en desacuerdo con Juan León y
Castillo, le aparta de la confianza de aquellos antes jóvenes universitarios
que le habían apoyado en sucesivas elecciones a Cortes, quienes optarán por la
candidatura conservadora independiente de Juan
Quesada Déniz con el deseo de contribuir al necesario bipartidismo después
del fracaso de los "canovistas"
isleños. A nivel local los “patriotas” aruquenses tuvieron cierto acercamiento
a los “republicanos progresistas”, en esas fechas “progresistas reformistas”,
dado que compartían el objetivo de desalojar a los “leoninos” y romper así el
“sultanato”.
En la sesión del 8 de abril, presidida por el alcalde
accidental Manuel González Martín,
vuelve a suscitarse la permanente guerra de las bandas de música, cuando se
decide «Invitar la banda de música que ha
concurrido en casos análogos, para que asista á las procesiones de miércoles,
jueves y viernes Santo (...) abonándose el costo de este servicio con cargo al
crédito autorizado en el capítulo noveno». La concreción en singular motiva
que «La minoría compuesta de los
Regidores D. Basilio Suárez Ojeda, D. Lázaro Silverio Pérez Acosta, D.
Guillermo Pérez de León y D. Antonio González y González, aceptando en
principio la invitación de referencia, emitieron voto particular en el sentido de
que se hiciera extensiva á las dos bandas de música que existen en esta Villa».
Muchos años después volvía a reeditarse el conflicto creado
cuando el enfrentamiento del alcalde Luis
Ponce Ponce con el fallecido párroco Jose
Antonio Rivero Mireles, del Partido
Viejo y Partido Nuevo, El Liceo o Casino Viejo y el Casino Nuevo, Banda Municipal y Banda del
Casino. Sobreviven los antagonismos que se perpetuaron cambiando solamente
los protagonistas de esta vieja historia de bandas de música que fueron el
cordón umbilical de la batalla política, cuyas cicatrices no se terminaron por
cerrar, aunque en estos tiempos las ideologías operaban con otras marcas o
nombres, con conservadores
convertidos en leoninos o pseudo-liberales, conservadores que se distinguían de los anteriores porque tenían otros
intereses que defender, y los espectadores republicanos-federales,
que en ocasiones recibían apoyo de los no-leoninos.
Y todo ello en un escenario de crueles competidores por los molinos de la caña.
Es una vuelta al pasado, incluso para el secretario municipal Ezequiel Hernández Rojas, quien llama Regidores como en los viejos tiempos, a
los ahora llamados Concejales por la
Ley Electoral.
Y a todas estas sesiones, no comparecía el alcalde electo Domingo del Toro González, sin que
conste en ningún acta justificación alguna de licencia por ausencia,
posiblemente por ostentar la indiscutible mayoría. Las minorías se cuidaban
mucho de justificar sus ausencias para no incurrir en causa para su cese.
El 14 de mayo la Junta Provincial
del Censo resuelve favorablemente la reclamación presentada por Narciso Pérez Pérez pidiendo la
inclusión en las listas electorales aruquenses de Manuel Rosales Batista, Francisco
Domínguez Pérez y Tomás Henríquez
Marrero. Las elecciones municipales seguían celebrándose por el censo
contributivo, y cada voto seguía siendo muy importante para los resultados.
La actividad municipal
en el segundo semestre del año, agotada la corporación de tanto festejo, se
limitó a tratar lo rutinario vinculado con las cuentas, los impuestos y quedar
enterados de las nuevas disposiciones. Merece destacarse por romper la monotonía
de los asuntos tratados, la concesión de algunas licencias de construcción que
nos aproximan al crecimiento urbano, además de la licencia para lápidas
conmemorativas en el cementerio, una mayor dotación de trabajadores para la
limpieza pública de las calles principales, o el sorteo de los que serán
Contribuyentes Asociados del pleno.
Siguiendo un orden
cronológico, en junio se concedió licencia a «Bartolomé Santana Machín, en cuanto a reedificar una casa terrera de
su propiedad, sita en el barrio de Montaña Cardones»; en agosto a «Cristóbal Rivero García (…) para edificar
una casa de planta baja (…) en un solar de su propiedad que radica en el Barrio
de la Goleta»; a «Juan de Armas García (…) para construir una casa terrera en un
solar de su propiedad que tiene en el barrio de la Goleta»; en septiembre a
«José Bethencourt y Ginory, según lo
soiicitado al efecto por su apoderado D. Pedro Quevedo, para construir una casa
terrera en solar de su propiedad que radica en la calle trasera de la plaza de
mercado, frente por frente de la calle lateral derecha de la indicada plaza»; y
en octubre, a «Pantaleón Quevedo y Ferrera
para construir de nueva planta, con sujeción al plano que presenta la portada ruinosa
y de mal aspecto que sirve de entrada a la casa de su propiedad que radica en
la calle de León y Castillo y se distingue con el número 5 de gobierno», y a
«Miguel Almeda Rosales (…) para edificar
una casa de planta baja (…) á la entrada del barrio del Cerrillo, junto á la
carretera del Norte».
En julio, para rematar
las partidas acumuladas de ejercicios anteriores, se acordó «contribuir con 250 pesetas para la
celebración en la ciudad de Las Palmas del cuarto centenario del descubrimiento
de América, cuya cantidad deberá ponerse a disposición de la Junta organizadora
del expresado festival …», exposición que se celebró el 12 de octubre en la
que Arucas instaló un quiosco con los productos de la villa, que pudo ser el mismo instalado para la Fiesta de las Flores en el mes de mayo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario