1890 Llega otro protagonista "a la sombra del gran patricio Sr. León y Castillo".

Por los pactos realizados por las fuerzas políticas para normalizar la política española durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, el 29 de diciembre se disolvieron las Cámaras y se convocaron nuevas elecciones legislativas para el 1 de febrero de 1891, con sufragio universal masculino mediante una ley aprobada el 30 de junio de 1890 para elegir a 399 diputados del Congreso (278 escaños era la mayoría), cuyo resultado siguiendo la tradicional manipulación de la época debida al caciquismo, fue que los conservadores consiguieron 253 escaños, los liberales 74, los republicanos 31 y los restantes 51 muy repartidos entre reformistas, martistas, carlistas y otros. De los escaños del Senado, sólo un tercio era elegido por ese censo, y el resto designado de distintas formas.

La aprobación del sufragio universal masculino para los mayores de veinticinco años, entendido como mecanismo democratizador que acababa con el sistema censitario de contribuyentes, no cambió nada los hábitos políticos, pues al censo de aproximadamente unos cinco millones de electores se incorporó una gran mayoría de población rural, pobre y analfabeta, y en menor medida,  una minoría de clases medias y trabajadoras no rural, más implicada en alcanzar un mayor grado de democracia que permitiera la participación popular, pero de escaso peso en el resultado electoral. Ese gran componente rural, pobre y analfabeto, con una clara dependencia económica del propietario de las tierras que trabajaba, era fácil y ciegamente dirigido por el cacique, quien era percibido como "su gran benefactor", dado que "sus fincas son pequeños cotos en los que el labrador tiene su casa y constituye su familia, con carácter hereditario", como luego veremos, y su consejo o recomendación de a quién votar, es seguido sin más explicaciones.

En julio los liberales de Sagasta que habían impulsado  la aprobación del sufragio universal masculino, conforme a los pactos traspasaron el testigo a Cánovas del Castillo que formó gobierno con sus "conservadores", y sabiéndose ganador como organizador, convocó las elecciones antes mencionadas. Aunque el  nuevo gobierno conservador no modificó las reformas introducidas por los liberales, reabrió el debate sobre la correcta interpretación de la Ley de Puertos Francos de 1852, y en particular en establecer una nueva restricción «á nuestras franquicias algunos agricultores é industriales dedicados al cultivo de la caña los primeros y á la elaboración del azúcar los otros, está llamada á producir en esta provincia graves males al comercio, á la agricultura y sobre todo á la clase consumidora».

El cultivo de la caña y la elaboración del azúcar que se desarrolló en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, observaba con preocupación las presiones de los defensores del sistema "proteccionista" del territorio peninsular, frente al sistema "libre cambista" de las islas dentro de un régimen fiscal regulado por "convenios" que se generalizó en Tenerife y La Palma al reclamar los derechos concedidos a la Fábrica Azucarera de San Pedro. Los importadores peninsulares del azúcar antillano, sujeto a los aranceles de los productos "no nacionales", no podían competir con el azúcar canario por el diferencia fiscal y presionaban para tuviera igual trato, más aún cuando tenían a su favor la hostilidad de los empleados de aduanas con los puertos francos canarios, con permanentes acusaciones de prácticas contrabandistas de introducir azúcar antillana como azúcar canario.

Desde enero de 1892 la prensa tinerfeña, particularmente los periódicos Diario de Tenerife y La Opinión,  iniciaron una auténtica campaña de sensibilización motivando que los políticos canarios se entrevistaran con Cánovas del Castillo «Los diputados y senadores canarios Sres. León y Castillo, Bethencourt, Ranees, conde de Bernar, Henestrosa, Merelles, Belmonte y Vázquez,  conferenciaron ayer tarde con el presidente del Consejo respecto á la libre introducción en la Península de los azúcares de aquel Archipiélago. El Sr. Cánovas del Castillo les manifestó que no cree tan difícil, como la dirección de Aduanas, el que pueda accederse á lo que pretenden, imponiendo antes un derecho equivalente á aquel con que se grava en la Península á los azúcares canarios, á la entrada de los azúcares extranjeros en dicho archipiélago. Los representantes de Canarias salieron muy satisfechos de las manifestaciones del jefe del Gobierno. Según nuestras noticias, el diputado liberal por Tenerife, Sr. Domínguez Alfonso, resiste esta componenda por razones análogas á las que nosotros consignamos en días pasados, á saber: el menoscabo que sufren las franquicias comerciales de Canarias, debidas, no á disposiciones de ningún demagogo, sino del gran reaccionario en política é insigne hacendista D. Juan Bravo Murillo, cuya obra, basada en un concierto económico con la provincia, halló buena el legislador en 1870».

Fernando León y Castillo, aun obteniendo un escaño de Diputado, seguía en este tiempo al frente de la embajada en París, habiendo perdido gran parte de su capacidad de influencia política que tuvo con la presidencia de Sagasta, y muy distanciado de los políticos tinerfeños. También la Azucarera de San Pedro situaba azúcar para su venta en el Puerto de Santa Cruz. Su anuncio decía: «Azúcar centrifugada de primera de la fábrica de S. Pedro (Arúcas). Se vende por partidas y hasta un saco de 100 kilos, en el depósito de Santa Cruz de Tenerife, San Francisco 13. Nicolás Salas», lo que no era bien visto por sus competidores tinerfeños.

En la sesión inaugural del nuevo mandato celebrada el 1º de enero, el Alcalde saliente en el cargo Manuel del Toro Sánchez recibió a los concejales electos el 1º de diciembre Domingo del Toro González (hijo del alcalde), Vicente Domínguez Medina, Antonio Ferrera González, Antonio González González (alcalde quince años atrás), Antonio Pedro Ponce Marrero, y Pedro Quevedo Espino, que se unen a los que mantienen su escaño del bienio anterior José Guerra González, Antonio Guerra Rodríguez, Salvador Hernández González, Valentín Lorenzo Matos, Pedro Marichal Alvarez, Isidro Pérez Hernández y Francisco Pérez Marrero.

El largo período de convalecencia del alcalde saliente hizo que perdiera parte del control electoral ejercido en anteriores ocasiones, produciéndose en las votaciones para la elección del alcalde alguna que otra sorpresa. Manuel del Toro Sánchez consiguió nueve votos, Isidro Perez Hernández obtuvo dos, el suyo y con toda lógica el de Antonio González González, y sorprendentemente Antonio Guerra Rodríguez que pudo votarse a sí mismo por el apego cogido al puesto accidentalmente o que algún otro despistado “leonino” pensó que era el titular era él de tanto verlo supliendo al alcalde.

En la elección de los Tenientes de Alcalde, las votaciones dieron el siguiente y curioso resultado: 1º Antonio Guerra Rodriguez, 2º Isidro Pérez Hernández y 3º Francisco Pérez Marrero. Tampoco era extraño que se produjera este resultado en los Tenientes de Alcalde, dado que conseguido el importante cargo de la alcaldía, se pactaba en el grupo mayoritario distribuir los votos de estos para acallar las denuncias de "pucherazos", trasmitiendo el resultado una falsa imagen de pureza democrática. En todos sus mandatos se cuidó que el importante y estratégico puesto de Interventor en la contabilidad del municipio recayera en Pedro Marichal Álvarez, persona de total confianza del alcalde y a quien en distintas ocasiones comisionaba para temas tributarios.

En la misma sesión inaugural se dio cuenta de la desestimación de las denuncias presentadas por Francisco Blanco Falcón referidas a la inclusión de contribuyentes en el censo electoral, por lo que se decidió publicar las listas de los Concejales y mayores contribuyentes que tenían derecho a elegir los dos Compromisarios para Senadores que correspondían al municipio.

No debió verse bien en la villa que el órgano del "Partido Patriótico" se hiciera eco de la noticia de las denuncias de Francisco Blanco Falcón, más aún donde era un notable influyente el conocido abogado aruquense Tomás García Guerra, y tuvieron que ejercer mayor presión "clientelar" sobre su persona para acallar al leído periódico de El País. A finales de año  habían causado baja varios electores por fallecimiento, entre los que estaba uno de los reclamantes del “Partido Patriótico”, Pantaleón Díaz Suarez; los demás fallecidos fueron: Juan José Falcón Guerra, Domingo González González, Vicente González Santana, Felipe Marrero Bolaños, Gabriel Pérez Guerra, Agustín Quevedo Rodríguez y Blas Santana Batista. No era habitual este porcentaje de fallecidos del censo electoral, salvo que alguno de los finados se colara intencionadamente como "vivo".

El dictamen jurídico sobre la expropiación forzosa del suelo de la proyectada presa en La Caldera había sido encomendado por la Junta Directiva de la Heredad de Aguas al Letrado Tomás García Guerra, quien en la Junta General del 2 de marzo propone la incoación del expediente de expropiación, para a continuación construir la presa con los recursos que la Heredad disponía, olvidando la venta de las aguas de Sobras que no tuvieron rematador y el Secuestro de la nueva azada, dado que el acuerdo no era unánime. Iniciado el expediente de expropiación, la negativa del Gobernador Civil a su autorización ante la presión y oposición de los propietarios del suelo impidió de nuevo que la presa avanzara.

Es de suponer que al mismo letrado por su "prestigio profesional" se le requirió su participación igualmente en expedientes de expropiación de servidumbres para la construcción de acueductos y canalizaciones de la Acequia Real cuando se impulsaron los cultivos de regadío por la que se creó una extensa red de acequias y cantoneras, que por su experiencia de registrador dominaría.

Durante este año ejerció la Presidencia accidental de la Heredad de Aguas Francisco Ponce Martínez, sin que se tengan noticias de las causas que motivaron la ausencia del anterior presidente Rafael Ponce Armas.

El 25 de marzo de 1890 se produce el fallecimiento repentino de Alfonso Gourié Álvarez-Conde, heredando sus hijos y tomando las riendas de la azucarera Francisco Gourié Marrero. El ayuntamiento el 14 de abril decide organizar un solemne funeral en la iglesia a su gran "mecenas", homenaje que no se le tributó a Bruno González Castellano que también desempeñó el cargo de alcalde de la Villa.

Francisco Gourié Marrero, que había nacido en 1856, educado en el colegio San Agustín tras el fallecimiento de su padre, aparece en Arucas como administrador de la Fábrica Azucarera de San Pedro, en su propio nombre y en representación de su hermana.

Francisco Gourié (retrato Iglesia Parroquial)

La reseña biográfica  del mismo dice: «Es el Sr. Gourié uno de esos espíritus nobles, sinceros, prudentes, pero recios en sus determinaciones. Su habitual modestia le retiene ocupado en sus asuntos. No ha ambicionado públicas actuaciones, porque conoce sus quiebras y dificultades; pero, no obstante, ha sabido imprimir sello sintomático en los asuntos en que ha actuado, siendo siempre garantía de éxito y de honorabilidad su presencia en Sociedades, Institutos benéficos, Cabildos y Municipios.

Político activo, ha militado a la sombra del gran patricio Sr. León y Castillo. Jamás traicionó ni explotó la amistad de este invicto caudillo de Gran Canaria. Su nombre se conserva incólume, libre de esas sombras que suelen acompañar a tantos políticos de oficio (...) Sus fincas son pequeños cotos en los que el labrador tiene su casa y constituye su familia, con carácter hereditario».

El epíteto de "recio" que se da en la reseña anterior a Francisco Gourié Marrero, bajo ningún concepto parece está vinculado a su condición física que según noticias y fotografías era de corpulencia débil y frágil, reconociéndolo el propio autor cuando añade: «...porque conoce sus quiebras y dificultades... ». Parece por tanto que el calificativo de recio esté más vinculado a su faceta empresarial, y particularmente, la de emprendedor u opositor a otros emprendedores, pues cuando adoptaba una posición u oposición su comportamiento era áspero, duro de genio, difícil de soportar y aquellas otras acepciones que incluye el diccionario de la lengua. Al margen de la historia escrita, presuntamente hubo una leyenda que hablaba sobre una supuesta castración de Francisco Gourié Marrero por la mordida de un perro, sustentada en el argumento de su obligado celibato.

Especial significación en su carácter tiene el peso psicológico del "pecado original" que trae desde la Casa Cuna. Su padre tuvo en su casa como servidumbre a las hermanas Maria del Carmen y María del Pino Marrero Yánez. «Don Alfonso tuvo dos hijos con Gregoria Marrero: Rosario nacida en 1854 y Francisco que vino al mundo dos años más tarde. Y con Mariquita del Pino, ocho, que vivirían en Arucas distribuidos en diversos domicilios familiares. (...) Rosario y Francisco fueron bautizados en la pila  de San Agustín como expósitos de la Casa Cuna (...) Rosario, con dieciséis años de edad, y Francisco, con catorce, fueron reconocidos por sus padres ante los Tribunales como hijos biológicos el 19 de septiembre de 1870. Ambos, en su niñez y adolescencia, recibieron rechazo y desprecio del pueblo por ser hijos naturales. Al parecer Rosario nunca superó este trauma personal, mientras que Francisco se integró pronto en la sociedad por su altruismo y generosidad ...». Sus padres regularizaron su situación celebrando su matrimonio el 16 de diciembre de 1888 y dos años después murió su padre.

Conocer de este relato, hasta hace muy poco inédito, si bien era conocida su condición de "cunero" de la Casa Cuna de la Capilla del Sagrario de La Catedral, inscrito con “padre desconocido”, nos va a permitir entender cómo alguien con tanto poder económico, pudo tolerar un sistemático y continuado "adulamiento" por parte de la parroquia y la municipalidad para conseguir el mecenazgo en la construcción del nuevo templo como llegado su tiempo se verá. También ello va a marcar su rivalidad con su competidor social Ramón Madan Uriondo que puede presumir de linaje.  

No parará el molinero y alcalde Manuel del Toro Sánchez en su particular interés de incomodar a sus competidores con la caña y en la sesión del 26 de mayo se acuerda «Invitar al Sr. Arquitecto Municipal de la Ciudad de Las Palmas para que sirva dictaminar así en cuanto á la elevación que por motivos de conveniencia pública deba tener la chimenea de la Fabrica azucarera de D. Domingo Marrero Guerra, sita en la Costa del Bañadero, como en lo que atañe a las obras que al efecto proceda ejecutar, en evitación de los perjuicios que esperimenta D. Juan Rafael Rodríguez, según lo propuesto por la Comisión del seno de este Cuerpo que ha dado informe sobre este particular».

El alcalde vinculado al antiguo Partido Nuevo y después al Partido Progresista de Manuel González González, ahora “leonino” superando así la epidemia democrática, se enfrentaba a la epidemia de viruela y el 19 de junio de 1890 telegrafiaba al gobernador civil «participándole que no se ha presentado ninguna nueva invasión ni han ocurrido más defunciones de viruela en el término municipal», aunque quedan enfermos en tratamiento, y que de forma especial afectó a los pagos de La Goleta, El Trapiche y El Cardonal, obligándose a la vacunación de los niños en todo el término. En los días siguientes se dieron algunos fallecimientos y se exigió un mayor control sanitario para evitar su propagación. En una de las sesiones de la corporación se aprobó una partida para pagar al barbero las vacunaciones realizadas.

En agosto es de nuevo denunciado el ayuntamiento ante la Comisión Provincial por Francisco Blanco Falcón, ordenando la misma al Alcalde informe sobre reclamación contra la elección del Capitán de milicias provinciales, Rafael Ponce Armas como vocal asociado de la Junta municipal de la villa. Le estaban buscando demasiadas vueltas a las triquiñuelas del alcalde.

En este año el ayuntamiento liquidó a la Heredad de Aguas el préstamo de 4.000 pesos concedido para la construcción de la Plaza del Mercado que ya por estos tiempos estaba generando rentas de arrendamiento. Los restantes plenos del año fueron de puro trámite, aprobando los censos de reclutamiento, impuesto sobre el consumo y algún que otro derecho de ciudadanía.