La villa contaba
con 1.545 habitantes censados, estimándose con un indicador de cuatro individuos dependientes por cabeza de
familia una población de 6.180 vecinos, cuyo ayuntamiento sigue dirigido por
Luis Ponce Ponce. Podrá sorprender que un líder de un partido “conservador” pudiera mantenerse en la
alcaldía de la villa en tiempos donde todo lo que se proclama y enarbola a
nivel del Estado, desde dentro y desde el exilio de algunos importantes
protagonistas políticos de entonces, son intentos por democratizar el país, y
como primera medida el sufragio universal, acabando con la dinastía de los
Borbones encarnada por Isabel II que disfrutaba del apoyo de los “conservadores”,
con la convocatoria de elecciones a cortes constituyentes para redactar una
nueva carta magna.
Esta definición
a nivel del Estado podría entenderse como un claro movimiento revolucionario,
de total ruptura con el régimen moderado, donde la corriente republicana y federal
parece imperar, pero no es así, pues en palabras del político grancanario Nicolás
Estévanez Murphy, el propio gobierno provisional ya tenía la convicción de
instalar otra dinastía para continuar con el régimen monárquico. Los propios
firmantes del pacto de Ostende eran militares y burgueses que había interpretado
un pronunciamiento militar liberal, con el apoyo de las juntas revolucionarias
de carácter civil que nacieron en Andalucía y se extendieron por España. Era en
ellas donde residían las demandas de democratización (sufragio universal,
libertad de expresión, de reunión, de asociación y de culto) y de reformas
sociales (desamortización, abolición de las quintas y del impuesto de consumos),
y no en el gobierno provisional.
En el caso de la
villa de Arucas, como en otros lugares tan distantes de estas islas, las juntas
revolucionarias fueron testimoniales, y en nuestro caso su mayor actuación fue
un repique de campanas que le costaría el puesto de director de la banda de música
al protagonista y revolucionario Vicente
Lemus Cabrera. Podrían llegar disposiciones de suspender el pago de las
asignaciones a la parroquia, pero las mismas eran compensadas por el poder fáctico
establecido y dando ejemplo para la colecta en el “cepillo” ante el pueblo.
Porque todo él
se veía comprometido con el buen fin de la carretera, donde se estaban jugando
sus dineros, el mantenimiento de los cultivos de la cochinilla que les permitía
seguir atesorando doblones, porque conocieron de la crisis financiera
internacional de 1866, habían oído y leído del hundimiento de la Bolsa, de la quiebra de muchos bancos y empresas, y, de las
crisis de subsistencias por las malas cosechas en los dos años anteriores. Sufrieron
las granizadas y lluvias que mermaron la cochinilla y no estaban los tiempos
para permitirse revoluciones, sí para unirse los bandos que antes iban por
separado, los del partido Viejo y los
del Nuevo, porque todos estaban a por
lo mismo.
Ya disfrutaban y
anticipaban las ventajas de los “trozos” de la carretera que se habían
terminado, y con el túnel de Bachicao en Tenoya transitable, todo resultaba más
fácil y así ya disponían desde marzo de un servicio regular de transportes «Sale todos los días á las siete de la
mañana de Arucas para Las Palmas un coche de la Empresa LA MARINA, bajo la
dirección de Mr. Lustre, y de Las Palmas para Arúcas á las cuatro de la tarde. Se
expenden los billetes en Arúcas, calle de San Sebastian, núm. 10, y en Las
Palmas, calle Mayor de Triana, núm. 102».
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| Detalle del lugar donde estuvo la ermita de san Sebastián (Fedac) |
El trazado en línea
recta desde el puente del barranco hasta el encuentro con el camino real que iba
a la ermita de san Sebastián era el más acertado, si bien la desviación del
trazado hacia la falda de la montaña para respetar la integridad el cementerio,
hubiera afectado a las buenas tierras de las capellanías de Juan Mateo de
Castro adquiridas por Juan Ponce Marrero y su hijo Rafael Ponce Armas.
El 19 de junio llegan a
la alcaldía dos oficios. El uno del Sub-Gobernador de Gran Canaria en el que
comunica que el día 22 se verificará el pago de las expropiaciones de los
terrenos ocupados por la carretera, que incluía la superficie retranqueada del
cementerio. Y el otro, del Ingeniero Juan de León y Castillo, que conforme con
las instrucciones recibidas del gobernador, era el ayuntamiento y no el cura párroco
el que había de percibir los 3.019 escudos, 408 milésimas a que ascendía la
indemnización. Esta decisión guardaba relación
al considerarse que el cementerio era uno de los bienes objeto de la
desamortización, y por tanto incautado por el Estado y transferido al municipio
como Bienes Propios.
Conocida la decisión por
la parroquia, gestiona con el Cabildo Catedralicio reconducir la situación. El
Obispo ofició al Gobernador, a petición del párroco, que el dinero le fuera
entregado a la parroquia, alegando que el cementerio no es de los Propios del
pueblo sino de la parroquia, considerando que no había sido un bien
desamortizado. Además estaban las exigencias de la parroquia en cuanto a los
pagos realizados al sepulturero y que ésta reclamaba cantidades al
ayuntamiento, así como de los problemas suscitados por las normas sanitarias
que se incumplían en el recinto.
Conociendo el alcalde Luis Ponce Ponce de la posición del
párroco José Antonio Rivero Mireles,
y su difícil relación, prefiere optar por hacer un relato histórico en su alegato
remitido al Gobernador, retomando la historia de las azadas de San Juan y la histórica
asamblea con el Obispo muchos años atrás:
«Esta parroquia no pose rentas propias ni aún para lo más
indispensable del culto. Sus recursos consistían en una pequeña porción de
agua, donada de antiguo por los vecinos. Que dichas aguas se componían de tres
azadas en invierno, estando enormemente mermadas en verano; por lo que dichos
vecinos y en favor del culto, procuraban completarlas para que la parroquia las
recibiera integras.
Que en 1835 los vecinos considerando que ya se había
reparado la lglesia, construido el cementerio y atendido el culto, decidieron
suspender las indicadas aguas. Medió el Obispo y con la promesa de destinar el
dinero que el agua producia, al sostenimiento de una escuela de niñas, asi como
para un coadjutor de la parroquia, consiguió se le siguieran donando las
mencionadas aguas.
Esto continuó hasta que el Estado se incautó de las
fábricas parroquiales y pagaba de su cuenta el sostenimiento del culto. En
cuanto al cementerio, ha sido el ayuntamiento quien ha satisfecho de sus fondos
las rentas del fosero y otros gastos de mantenimiento. Si todo esto se ha
sostenido con la ayuda de los vecinos y la aportación municipal no puede
manifestar el párroco que el cementerio pertenece a la parroquia.
Que los gastos enumerados se podrán comprobar en los
presupuestos municipales, en los que año tras año se ha incluido dicho
capítulo».
En esa ocasión el
ayuntamiento regido por el conservador
alcalde Luis Ponce Ponce retomó toda
la historia para defender el principio de que la parroquia se había nutrido de
las voluntades de los aruquenses, y como tal sus bienes son públicos. En los
tiempos que corrían, el gobernador asumió el razonamiento del ayuntamiento y
falló a su favor. La parroquia eso no lo perdonaría nunca.
El ayuntamiento tendría que correr con
el gasto de la construcción de la nueva fachada del cementerio, para lo cual
tuvo que superar la falta de consignación para dicha obra. La tensa relación que
mantenía el párroco José Antonio
Rodríguez Mireles con el alcalde Luis
Ponce Ponce y sus correligionarios del Partido
Viejo, no ya sólo por los enfrentamientos históricos de bandas y sermones,
ya también por personalizar en él la demolición de la ermita de san Sebastián,
y ahora por la incautación del cementerio y de la indemnización económica por
su retranqueo, no debiera ocultarnos que hay otros interesados en el trazado de
la carretera, con muy buena relación con el párroco que permanecen silenciosos.
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| Cementerio (Google earth) |
Con posterioridad a la
adjudicación de otros lotes en que fueron divididas las dos capellanías para su
subasta, Juan Ponce Marrero y su hijo
Rafael Ponce Armas fueron comprando
las mismas a los rematadores. Son las tierras al sur de las actuales calles de
Pedro Marichal, Juan de Dios Martín y La Salle, y al norte del trazado de la
carretera, y especialmente entre estas tierras, los terrenos denominados
"Los López" por donde se proyectó inicialmente que entrara la
carretera del Norte a la Villa de Arucas.
Tampoco debiéramos dejar
de mencionar a Pedro Regalado Hernández,
primero maestro escuela y coadjutor con el párroco, quien después siendo párroco de Sto. Domingo en Las Palmas,
el 25 de noviembre de 1852, había comprado a la sucesora Francisca Díaz,
heredera del vínculo del Canónigo Manuel
Álvarez Castro Godoy, la hacienda labradía denominada El Pino, con una casa
de alto y bajo con su cocina, por 47.448 reales de vellón, de la cual
presuntamente se había segregado muchos años antes el terreno que las monjas de Santa Clara vendieron a la parroquia para la construcción
del cementerio, en la margen sur del trazado de la carretera.
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| Entrada a Arucas a principios del s. XX |
En octubre, las
nuevas disposiciones determinaron que «D.
Pantaleon Diaz y Suarez y D. Emilio de Armas y Ramos han renunciado sus cargos
de maestros de las escuelas públicas de niños y de adultos de la villa de
Arúcas y han sido nombrados respectivamente para dichas plazas, con el carácter
de interinidad, D. Antonio del Toro, maestro propietario que era de la escuela
pública de niños de Valleseco, y D. Esteban Quintana y Marrero».
Y mientras en la Villa de Arucas, todos los políticos
locales hacían su mejor apuesta para que el ayuntamiento cumpla con las
exigencias requeridas para que el camino de la carretera del Norte quede
totalmente expedito, el gobierno provisional del Estado formado por los
generales sublevados que expulsaron a Isabel II, después de convocar a Cortes
Constituyentes en enero de 1869, donde ganaron los monárquicos, redactaron la
Constitución de 1869 que definía al
Estado como una "monarquía constitucional", que en su debate
distanció a enfrentó a los diputados republicanos federales que como única
variante introducía que la disolución de las Cortes correspondía al gobierno y
no al monarca, que también perdía las facultades legisladoras.
Se introdujo por primera vez como variante progresista el
establecimiento de la libertad de cultos religiosos, si bien el Estado quedaba
definido de confesionalidad católica conforme al Concordato firmado en 1851
para el mantenimiento del presupuesto de "culto y clero". El debate
por el estado laico fue la primera piedra del interminable debate hasta
nuestros días, del debate entre los liberales y aquellos otros que entonces y
ahora exigen la unidad católica, entonces defendida por los carlistas y la
jerarquía eclesiástica que en púlpitos y liceos ejercían su presión sobre los
políticos conservadores. Aunque la Constitución fue aprobada, las diferencias
ya alejaban a muchos.
Se conocía el desmarque de los republicanos federales
contrarios a la monarquía, pero dentro de los defensores a ultranza del modelo
de monarquía constitucional se produjeron después los enfrentamientos cuando para
elegir el parlamento a un monarca el General Prim apostó por importar de Italia
al duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, de una dinastía
vinculada con la española, de perfil progresista, bautizado católico pero masón,
que sería por los carlistas y borbónicos tradicionales y aristocráticos, y en
los debates quedó acreditada su escaso conocimiento del español y simpatía. Al
resultar apoyado por la mayoría de las Cortes, el acto de juramento de la
Constitución y el cargo ante las Cortes el 2 de enero de 1871 fue el epitafio
de su patrocinador Juan Prim fallecido cuatro días antes, convirtiéndose desde
el primer día en huérfano político preconizando una revalorización de los que
se opusieron a su nombramiento por una u otra razón y un tiempo de
inestabilidad política.
En el censo de los ochenta
electores de Arucas para las Cortes en las elecciones de octubre destacaron por
su patrimonio contributivo los siguientes: Antonio
Marrero, Blas Moreno Suárez, Bruno González Castellano, Domingo Guerra Marrero,
Francisco González Rodríguez, Germán Mujica Aguilar, José Suárez González, José
Lorenzo Benítez, Juan Bautista Castellano Marrero, Juan Manuel Martín González,
Juan Quintana, Luis Ponce Ponce, Miguel Ponce Medina, Pedro Lorenzo Díaz,
Rafael Suárez González y Vicente
Guerra Sarmiento. En el censo de capacitados tenemos al párroco José Antonio Rivero Mireles, al teniente
coronel Francisco Galindo Mendoza y
al profesor de instrucción de primaria Pantaleón
Díaz Suárez. Al margen de las alianzas que pudieran realizarse en torno a Juan Ponce Marrero y su hijo Rafael Ponce Armas que figuran en el
censo de 1869 con menor tamaño patrimonial, estas son las fuerzas fácticas que
apoyan al Partido Viejo.
Este mismo año asumió la
presidencia de la organización provincial del Partido Progresista el aruquense Manuel González González, conocido como el "Médico del
Carril", si bien sus ocupaciones dirigiendo el Hospital San Martín le
impide dedicarse por entero a la política. Consiguen obtener un diputado en las
Cortes Constituyentes por el partido judicial de Guía, nuestro ya conocido
contratista de la carretera del Norte Antonio
Matos Moreno, y en las municipales alcanza representación en Teror y San
Mateo, siendo separados por el Subgobernador Civil cuando se apartan a los liberales y republicanos. A las reuniones del partido asiste otro aruquense al
que ya hemos visto como concejal en el Ayuntamiento, Manuel del Toro Sánchez, que puede interpretarse como señal de
descontento con el Partido Viejo,
aunque también lo pudiera ser por la localización de sus negocios molineros en
el pago de El Carril, de donde es natural el médico.
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