El 2 de enero según se abre la sesión de las Cortes,
Nicolás Salmerón, presidente del Congreso, interviene para manifestar que ha
retirado su apoyo al Presidente de la República Emilio Castelar Ripoll por su
claro alejamiento de los principios democráticos que inspira la República,
interviniendo a continuación el presidente para hacer un alegato de que todavía
había posibilidades para la República si se dejaba a un lado la demagogia. El
debate se alargó hasta la noche en que ya se había planteado votar una cuestión
de confianza. Mientras en la calle, el ambiente era de expectación; el Capitán
General de Madrid Manuel Pavía ya tenía sus tropas acuarteladas y prestas a
salir si Castelar perdía la votación; al otro lado, batallones de voluntarios
de la República dispuestos a defenderla si ganaba Castelar.
Se inicia la votación de la cuestión de confianza, con un
ajustado resultado de 100 votos a favor y 120 en contra, que determina la dimisión
de Emilio Castelar. Mientras los partidos ganadores negocian el candidato que
presentarán, nuestro paisano diputado asociado al Partido Constitucional Fernando
León y Castillo, según se cuenta a través de Víctor Balaguer, hizo llegar el
resultado de la votación al General Manuel Pavía.
Sobre las siete de la mañana del 3 de enero de 1874, Pavía
ya había desplazado las tropas al Congreso que realizaba la votación para
elegir a Eduardo Palanca Asensi, mientras la Guardia Civil que protegía el
edificio se había puesto a las órdenes del general. Este comunicó al presidente
del Congreso, Nicolás Salmerón, su orden de disolución de las Cortes y el
abandono del hemiciclo por todos los diputados; así fue el golpe de Estado que
daba por terminada la República Federal e instaura la República Unitaria,
ofreciendo Pavía la presidencia a Emilio Castelar quien la rechaza por
considerarla ilegal; ante tal negativa, se la ofrece al general Serrano, líder
del Partido Constitucional (conservador) regresado de su exilio en Francia, lo
que supone el desplazamiento de los "republicanos" y “federalistas” de
los órganos de poder.
Es este tiempo de la I República, las noticias que se tienen
del ayuntamiento de la Villa de Arucas son escasas e imaginamos que son un fiel
reflejo de lo que pasaba a nivel del Estado. Debió seguir como alcalde Pedro Castellano Ponce que desde febrero
de 1873, coincidente con la proclamación de la República Democrática Federal, en determinados momento "se dio de baja como alcalde",
y en otros momentos, comparecía de nuevo como alcalde, sin que aparentemente
ningún Teniente Alcalde asumiera su sustitución en su ausencia deliberada de
las sesiones plenarias, probablemente eludiendo así responsabilidades. El
alcalde navegaba en este tiempo con todas las banderas políticas a su alcance,
en función de los ecos que llegaban de la metrópolis.
Tras el nombramiento de
Rafael Bethencourt como Gobernador Civil interino, el 23 de enero este comunica
la disolución de la Diputación Provincial y resuelve constituirla interinamente
por José de Armas Jiménez, Gaspar J. Fernández, Luis María del Corral, Miguel Castañeda y Pablo Dorta Abad. Igualmente se nombra
Subgobernador del distrito de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a Antonio
del Castillo Olivares.
Inmediatamente son
cesados en cascada la mayoría de los ayuntamientos de las islas «También han sido destituidos los Ayuntamientos
de Arúcas y San Lorenzo. Se piensa destituir el de Guía con este motivo se está
amalgamando otro». La nueva corporación nombrada para Arucas estaba
presidida por Antonio González González,
político bastante pragmático de la Cruz de Pineda que en distintas ocasiones
había sido concejal y como teniente alcalde acompañó el mandato de Bruno Gonzáles Castellano de alcalde.
Lo más importante en ese
tiempo es la desaparición de los dineros disponibles que debía tener el
ayuntamiento, dado que cuando en enero de 1874 es alcalde Antonio González González firmó recibir del anterior mandatario 270
pesetas. El concejal Manuel del Toro
Sánchez expuso en una sesión posterior que el ayuntamiento había recibido del
Pagador General del Estado para la fachada del cementerio la cantidad de
34.326,36 reales (8.581,59 pesetas), siendo el faltante de 33.246,36 reales
(8.311,59 pesetas). Preguntado el anterior alcalde Pedro Castellano Ponce manifestó que la liquidación la practicó su
sucesor en el cargo, remitiendo por tanto a un desconocido teniente alcalde que
nunca ejerció.
La nueva corporación
municipal dio cuenta al Gobernador Civil y nombró una comisión de investigación
formada por los concejales Pantaleón Díaz
Suárez, Francisco Pérez Marrero y
Manuel González Martín. Aunque se
redactó un informe que es enviado al Gobernador, quien al siguiente año se
interesa por conocer si ha sido repuesta la cantidad a las arcas municipales,
que es respondido por la corporación municipal que está siendo investigado. Como
la parroquia venía reclamando al ayuntamiento que la indemnización del
cementerio le correspondía, pudiera ser que algún "alma caritativa" le entregara el importe con el
pensamiento que ello mejoraría el estado de salud del párroco con perlesía
cerebral.
Nos induce este
pensamiento, porque a pesar de tanto desgobierno, difícil es que alguien se lo
llevara a su bolsillo, y la ocasión es la apropiada para un "mal entendido", más aún
cuando con la corporación siguiente para supervisar las obras de la nueva
fachada del cementerio, ya de propiedad municipal, nombra una comisión formada
por el párroco accidental Pedro Regalado
Hernández Armas y el concejal Bruno González Castellano, obras que
serán financiadas con otros recursos municipales. Los cinco sepulcros
construidos en el interior, adosadas al edificio de la fachada del cementerio
fueron solicitadas por los vecinos interesados al párroco y autorizada su venta
por el ayuntamiento. Los interesados entendemos que eran miembros de la
corporación: Bruno González Castellano,
Francisca Martín de Marichal (mujer de Pedro
Marichal Álvarez), Luis Ponce Ponce,
Manuel Guerra Rodríguez y Manuel González González. Este año concluirán también las obras del matadero, carnicería y despacho
de carne de El Cerrillo.
En septiembre el alcalde, ante la insostenible situación del ayuntamiento,
toma la decisión de convocar un concurso público para cubrir la vacante del
secretario «dotada con el haber anual de
2 000 pesetas». Era urgente cubrir dicha plaza para intentar poner orden en
el desastre que había dejado su predecesor Pedro
Castellano Ponce, sin olvidar las cuentas municipales que no había por
donde cogerlas.
El expediente de las cuentas de Arucas fue tratado por la Comisión
Provincial en septiembre, adoptando el acuerdo de «Examinado asimismo el –expediente- del municipio de Arúcas, correspondiente al mismo año, remitir al señor
Gobernador de la provincia la copia de dicho documento á fin de que si lo juzga
procedente, que la Junta municipal vuelva sobre su acuerdo como contrario á la
legislación vigente».
En esas fechas, con el
pensamiento de sustituir el cultivo de la cochinilla por el tabaco, tiene lugar
la constitución de la Sociedad "El
Porvenir Agrícola de las Islas Canarias" «que significó un hito importante
en la lucha de los sectores más dinámicos de la oligarquía por abrir mercados
al nuevo cultivo» y en la que encontramos como uno de los principales
promotores a Alfonso Gourié Álvarez–Conde.
Las noticias de la
evolución de la cochinilla era mala, y se resentían también económicamente
otros ilustres protagonistas de la política local, como Juan Ponce Marrero y su hijo Rafael
Ponce Armas, que tenían atrasos en los pagos de los remates que habían
realizado de los bienes subastados en el barranco de la Virgen. En noviembre de
1873 Rafael Ponce Armas ya había presentado
en la Audiencia un expediente de suspensión de pagos, convocando el magistrado
una junta general de acreedores para tratar sobre la quita y espera que éste
proponía.
Atrás había quedado la carta
magna, en una marcada línea del "progresismo"
como Constitución para un Estado democrático y federal que descansaría en
la exigida participación del pueblo, cuestión que trasladó esperanzas y nuevos
horizontes que acabaron con el golpe de estado de Pavía.
En este raro y contagioso
ambiente político, la nueva corporación bajo el mandato del alcalde Antonio González González, que por
exigencia sanitaria ya había iniciado el proyecto de la construcción de la nueva fachada
retranqueada del cementerio por la alineación de la carretera del Norte, toma
la decisión política y urbanística más importante y futurista del siglo XIX:
proceder a la construcción del nuevo edificio de Casas Consistoriales y de la
Plaza del Mercado para los que ya se tenía autorización, obras que iban a
comportar el desplazamiento del centro urbano de la villa. Le tocaría resolver
el difícil tema del expediente del Pósito de La Panera, mediante su incorporación
como bienes propios del municipio.
Sorprende la voluntad y
capacidad para resolver un difícil expediente administrativo, cuando coincide
en el tiempo con un año en que la administración periférica en las islas es tan
compleja como la del Estado. Su situación
fue cambiante y presumimos que de total parálisis administrativa por los
nombramientos y ceses sucesivos que acontecieron.
Cuando se votó la cuestión
de confianza de Emilio Castelar, en la larga jornada de las Cortes del 2 y 3 de
enero, la posición de los diputados de las islas fue contrapuesta.
«… los diputados canarios se enfrentaron: Benítez de Lugo,
Marqués de la Florida -que había votado la República al término del reinado de
Don Amadeo- atacó a Castelar, mientras que León y Castillo, monárquico
alfonsino, defiende a don Emilio y combate a Salmerón».
Fernando León y Castillo fue nombrado Subsecretario del
Ministerio de Ultramar en el Gabinete de Francisco Serrano Domínguez,
constituido en enero, y este a su vez logró el nombramiento de Subgobernador de
Canaria en favor de su primo Antonio del
Castillo-Olivares, como ya se ha dicho, y de Alcalde de Las Palmas a Felipe Massieu Falcón, miembro destacado
de su partido. Pero el primero, era “unionista” y no era bien acogido en
Tenerife, donde residía su superior el Gobernador Civil Mateo Gamundi, nombrado
el 21 de febrero en sustitución del interino Rafael Bethencourt, quien había
sustituido a Pedro Mariano Ramírez nombrado en 1872. Debemos tener en cuenta además
que Fernando León y Castillo fue uno de los firmantes del compromiso
divisionario de la provincia ante Nicolás
Estévanez en 1873, como diputado que era por Guía, de donde sus supuestos socios
ideológicos de Tenerife se sentían demasiado incómodos con sus manejos y recomendados
que pudieran tener la doble intención de alcanzar un mayor grado de autonomía
dentro de la provincia única.
La persecución a los “republicanos” se agudiza y tiene su
mayor exponente cuando el Obispo José María de Urquinaona y Bidot condena la
obra "Biografías
de Canarios Célebres" de Agustín Millares Torres, por ser ofensiva
contra determinados prelados de la iglesia y «mandamos que todos los que conserven ejemplares de ella los remitan a
Nos con sobre cerrado y lacrado, bien sea directamente, ya por medio de sus
respectivos párrocos». Pasaban los meses y los contrapesos de poder entre
Tenerife y Gran Canaria paralizaban o demoraban cualquier decisión
administrativa.
A punto de acabar el
año, acontecerá el pronunciamiento del General Martínez Campos, hecho que traerá
a Alfonso XII y un nuevo Presidente del Gobierno en la persona de Práxedes
Mateo-Sagasta, al que estará muy próximo Fernando
León y Castillo.
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